Este 1 de junio, Quintana Roo acudirá a las urnas en un momento histórico… pero también profundamente inquietante. Por primera vez, elegiremos no solo a autoridades políticas, sino a quienes impartirán justicia: jueces, magistrados, ministros. Lo que debería ser un paso hacia una democracia más participativa, hoy se vive como una elección vacía, sin alma, sin conciencia ciudadana y, sobre todo, sin información.
Votar no es lo mismo que elegir. Y elegir sin saber, es una forma de renunciar al derecho más poderoso que tiene el pueblo: decidir con responsabilidad. ¿Cómo puede un ciudadano elegir a sus jueces si no conoce sus historias, sus principios, su integridad? ¿Cómo confiar en que esa cruz en la boleta no será una sentencia contra la propia justicia?
La legalidad de este proceso no está en duda. La legitimidad, sí. Porque una elección es legítima cuando despierta confianza, cuando convoca a la reflexión colectiva, cuando permite contrastar, debatir, cuestionar. Nada de eso ha ocurrido.
No hemos visto campañas, ni debates, ni biografías claras. Solo nombres. Nombres que no nos dicen nada, o peor, que nos dicen mucho y nos obligan a callar por miedo.
Uno de esos nombres es el de José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a juez penal. Su historia está marcada por investigaciones federales, señalamientos de vínculos con redes criminales y acusaciones de abuso de poder. Y aun así, aparece en una boleta como si el pasado no importara. ¿Eso es empoderar al pueblo o es ponerle una venda en los ojos?
Y hay más casos que ofenden la inteligencia colectiva. A pesar de que el servicio público debería estar libre de intereses personales y familiares, la regidora Susana Dzib González, novena en el Cabildo de Benito Juárez, parece tener otra idea. Tiene a su propio hijo, Christian Jesús Licona Dzib, como asesor jurídico en su regiduría… y por si fuera poco, ahora lo promueve activamente como candidato a juez civil y familiar en plena campaña. ¿Dónde queda la ética pública? ¿Quién vela por la imparcialidad y el mérito?
En el fondo, esta elección no se trata sólo de quienes llegarán al Poder Judicial. Se trata de qué tipo de sociedad estamos construyendo. Si votamos sin pensar, si elegimos sin conocer, si callamos ante lo que sabemos, entonces estamos contribuyendo —sin querer— a normalizar un sistema donde la justicia no sirve al pueblo, sino al poder.
Quintana Roo no necesita más funcionarios. Necesita servidores públicos con ética, con verdad, con compromiso social. Necesita jueces que entiendan el dolor de una víctima, que escuchen a los inocentes, que no se vendan al mejor postor. Y para llegar a eso, necesitamos primero un pueblo despierto, crítico, informado. Un pueblo que no se conforme con lo que le ponen enfrente.
Este 1 de junio no se trata sólo de marcar una boleta. Se trata de mirar dentro de nosotros y preguntarnos: ¿qué justicia soñamos? ¿Una que se construya con dignidad o una que se reparta entre compadres?
Porque a fin de cuentas, la justicia no está en los tribunales. La justicia empieza en la conciencia de cada ciudadano.
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