Entre el ruido del poder y el silencio de la justicia, la infancia se rompe

“Me pueden encarcelar, pero dañar a mis hijas, no”. La frase de Emiliano Ramos, exlegislador quintanarroense, retumba más allá de un conflicto legal o una pugna entre adultos: es el grito desesperado de un padre que, al salir de prisión, no clama por venganza ni por poder, sino por protección para sus hijas. Dos niñas pequeñas, de 4 y 6 años, que —según denunció— viven inmersas en un entorno de miedo, amenazas y castigos psicológicos.

Y aunque las versiones se confrontan, hay un dato que nadie debería permitirnos ignorar: el dolor infantil no puede ser botín político, ni escudo de impunidad.

La violencia vicaria —esa forma cruel y silenciosa de dañar a un progenitor a través del sufrimiento de los hijos— ha sido reconocida, tipificada y visibilizada, pero en la práctica sigue siendo minimizada. Hoy, cuando se denuncia que las niñas son castigadas por querer estar con su padre, no sólo se está hablando de un conflicto familiar. Se está hablando de un crimen emocional. De un daño que deja cicatrices en la mente infantil, mucho más profundas que cualquier castigo físico.

Lo más alarmante es que, según Ramos, la Fiscalía General del Estado ni siquiera impuso medidas cautelares a las menores, a pesar de que ya existe un dictamen psicológico que confirma la violencia. ¿Qué está esperando la justicia? ¿Que haya marcas visibles? ¿Que una tragedia mayor vuelva a sacudir los titulares?

Aquí no se trata de defender a un personaje político, ni a otro. Se trata de levantar la voz por quienes no tienen voz ni voto: las niñas. Porque si en algo debe avanzar este país, es en aprender que los hijos no son rehenes, no son armas ni premios de consolación.

Cuando la madre, Paola Moreno, diputada en funciones, está acusada por violencia familiar, lo mínimo que debería pasar es que el aparato institucional se active para proteger a las niñas, sin importar el cargo de quien sea señalada.

Lo dijo Emiliano con crudeza: “A mí me pueden hacer lo que quieran, me pueden encarcelar, pero dañar a mis hijas, no”. Y uno se pregunta: ¿cuántos padres en México han tenido que suplicar lo mismo? ¿Cuántas madres, también? ¿Cuántos niños han quedado atrapados en un fuego cruzado de egos, revanchas y rencores legales?

La niñez necesita que la justicia deje de titubear. Que la política no se interponga entre un niño y su derecho a la paz. Que los dictámenes no se archiven. Que los casos no se silencien por conveniencia.