La lucha olvidada del transporte público: El motor del pueblo sigue encendido… pese a todo

Es inaceptable que, mientras a las plataformas y las mototaxis se les permite operar con total libertad, los transportistas concesionados sean ahogados por la burocracia, perseguidos con operativos, ignorados en las mesas de trabajo y criminalizados en el discurso público. Se habla de competencia y tecnología, pero no se menciona que miles de familias quintanarroenses dependen de este trabajo para vivir con dignidad, y que hoy se sienten traicionadas por quienes les prometieron justicia social y terminaron aliándose con los intereses económicos más poderosos.

Y es que mientras el Congreso del Estado discute reformas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, encabezadas por el diputado Alberto Batun Chulim, la narrativa oficial se centra en la “modernización” del transporte. Pero la realidad, como suele suceder, va por otro carril. Detrás del discurso técnico y progresista, hay un silencio que duele: la desprotección, la desigualdad y el olvido sistemático del servicio público organizado, especialmente de los transportistas que durante décadas han sostenido el movimiento diario de nuestra gente.

La iniciativa de decreto presentada por Batun —en su calidad de presidente de la Comisión de Movilidad— debería ser una oportunidad para corregir décadas de rezagos, pero en lugar de buscar equidad y orden, parece seguir el mismo camino de simulación que tanto daño ha causado. Porque el verdadero problema no es solo la presencia de plataformas digitales o mototaxis, sino la falta de certeza jurídica y condiciones justas para quienes operan legalmente desde hace años, con concesiones que hoy valen menos que una app y sin acceso a los mismos derechos ni garantías.

Y es que entre los pocos “logros” que presume el diputado Betún “El Amigo del Pueblo”, destaca la reforma al Artículo 113 de la Ley de Movilidad, que extiende el plazo de 130 a 365 días para que los beneficiarios de una concesión realicen los trámites correspondientes en caso de fallecimiento del titular. Una medida que suena bien en el papel, pero que en la práctica no responde al verdadero reclamo de los prestadores del servicio, particularmente de los taxistas. Porque el problema de fondo no son los días: son la falta de sensibilidad, justicia y garantías para las familias que dependen de este trabajo y que se enfrentan a un sistema que las trata como piezas reemplazables.

Las mototaxis, por su parte, reflejan otro tipo de abandono: el de las comunidades que no tienen alternativas reales de transporte ni infraestructura digna. Criminalizarlos sin ofrecer soluciones es tan injusto como permitir su expansión sin regulación. La ley, si pretende ser justa, debe regular con inteligencia y sensibilidad, no castigar por necesidad.

La decepción crece no por ideología, sino por la distancia entre palabras y hechos. El cambio verdadero que les prometieron a los transportistas organizados muchos lo buscan ahora en otras trincheras, porque es evidente que no se puede tener autoridad en el pueblo ignorándolo. Esta reforma a la Ley de Movilidad sin duda es importante, sí, pero no tendrá sentido si no se escucha a todos los actores, especialmente a los que hoy siguen al volante sin protección, sin voz y sin justicia.