En Quintana Roo hay expedientes que duran más que los sexenios… procesos que sobreviven a gobernadores, fiscales, magistrados, reformas judiciales y hasta cambios de color partidista. Asuntos que entran jóvenes a los tribunales y salen convertidos en fósiles jurídicos.
Uno de ellos es el caso que involucra al líder cetemista Isidro Santamaría Casanova, acusado por presuntos delitos de trata de personas y cuyo proceso, lejos de acercarse a una conclusión, parece condenado a navegar eternamente en el mar de los diferimientos judiciales.
La más reciente tormenta estalló cuando la defensa decidió recusar a la jueza Landy Rosalía Pamplona Pérez, una de las figuras identificadas dentro de la nueva generación de las llamadas «juezas del bienestar», promovidas bajo el discurso de una justicia más cercana al pueblo, más eficiente y más comprometida con la transformación institucional del país.
Sin embargo, la realidad suele ser menos generosa que la propaganda, porque mientras el discurso oficial presume una justicia más humana, más rápida y más accesible, este expediente acumula siete años sin una resolución de fondo. ¡Siete años!.
Una cifra que por sí sola debería encender todas las alarmas dentro del Poder Judicial, ya que la defensa sostiene que en la audiencia del pasado 18 de mayo, la Fiscalía solicitó siete días adicionales para resolver un asunto relacionado con pruebas y que, sin embargo, la audiencia terminó aplazada hasta el 5 de octubre.
Cinco meses de espera adicionales para un expediente que ya parece una novela por entregas y según los abogados, no se trata de un caso aislado; hablan de una cadena de diferimientos de cuatro, cinco y hasta seis meses que han convertido el proceso en un monumento a la lentitud judicial.
Y es que lo verdaderamente preocupante no es sólo la recusación sino la pregunta que surge detrás de ella: ¿Dónde está la justicia pronta y expedita que promete el artículo 17 de la Constitución?
Porque si después de siete años la Fiscalía sigue sin concluir el desahogo de pruebas y, según la defensa, ni siquiera ha logrado presentar a las presuntas víctimas para ratificar los hechos denunciados, entonces el problema rebasa por mucho a una jueza.
Estamos frente a una falla sistémica que lastima a los acusados, a las presuntas víctimas, que destruye la confianza ciudadana y que convierte a los tribunales en salas de espera permanentes.
¿Dónde está la llamada transformación judicial que prometió acabar con los privilegios, con los abusos y con las viejas prácticas que alejaban a los ciudadanos de la justicia?, porque cuando un expediente permanece siete años sin sentencia, lo único que se transforma es la paciencia de quienes esperan una resolución.
Al final, la autoridad competente decidirá si la jueza continúa o no al frente del caso, aunque el verdadero juicio ya comenzó hace tiempo y lo está realizando la sociedad y el veredicto ciudadano es contundente: una justicia que tarda siete años en decidir no es justicia del bienestar.
En todo caso, el bienestar parece haberse instalado en la comodidad de la burocracia judicial: audiencias pospuestas, procesos eternos y expedientes empolvados. Bajo esa lógica, no sorprende que la defensa haya pedido apartar a la jueza del asunto, pues cuando la justicia tarda demasiado, la imparcialidad también termina sentada en el banquillo de los acusados.
