En Bacalar hay historias que no sólo se cuentan… se sienten. Y esta, la de dos empresarios que denuncian amenazas y un proceso presuntamente “fabricado”, tiene un ingrediente que en el sur suele encender focos rojos: la figura del “influyente”.
Porque cuando en un expediente aparece ese fantasma —el del poder que no se ve, pero se siente— la justicia deja de ser sólo un asunto de leyes… y empieza a oler a otra cosa.
Samuel Jaime Acuña Jenkin y Viktoriya Ankudinova sostienen que enfrentan acusaciones sin sustento por robo y fraude. Del otro lado, el nombre de Luis Justo Carrión Cuéllar aparece no sólo como demandante, sino —según los denunciantes— como alguien que presume peso en la región.
Y aquí es donde la historia se vuelve delicada. No porque exista una denuncia —eso es legítimo—, sino porque cuando quien denuncia también es percibido como alguien con influencia, la balanza pública deja de verse equilibrada. Y eso, en cualquier estado de derecho, es un problema.
Los empresarios plantean una lógica simple: habitaban el inmueble, invertían en él, y ahora se les acusa de haber robado en ese mismo espacio. Puede ser cierto… o no. Eso lo debe determinar la autoridad.
Pero lo que sí genera ruido es el contexto: detención, 47 días en prisión y, paralelamente, un ambiente de presiones y amenazas que ellos atribuyen directamente a la contraparte.
Si esas amenazas existen —y deben investigarse—, el caso deja de ser un litigio entre particulares para convertirse en un foco rojo institucional.
Porque una cosa es denunciar… y otra muy distinta es intimidar. Y en ese terreno, el señalamiento hacia Carrión Cuéllar no puede minimizarse ni tomarse a la ligera.
No es una sentencia, pero sí un foco de atención, más aún cuando se habla de posible uso de influencia en una zona donde, históricamente, ese tipo de poder ha distorsionado procesos.
Y es que aquí no se trata de declarar culpables en una columna. Se trata de entender el riesgo.
Cuando la percepción pública comienza a inclinarse hacia la idea de que alguien puede “mover hilos”, la credibilidad del sistema entero entra en juego. Y eso afecta tanto al denunciante como al denunciado.
En Quintana Roo, donde la inversión y los conflictos legales conviven cada vez más, la autoridad tiene una responsabilidad clara: demostrar, con hechos, que ningún nombre pesa más que la ley.
Si Carrión tiene razón, que lo pruebe con evidencia. Si los empresarios la tienen, que se esclarezca sin presiones, pero si hay intimidación de por medio, entonces ya no hablamos de justicia… hablamos de abuso y eso sí es terreno peligroso.
Este gato no absuelve ni condena pero cuando escucha la palabra “influencia” rondando un expediente… afila las uñas porque en un estado de derecho, el único peso que debería contar es el de las pruebas.
