Hay frases que deberían incomodar a la clase política y una de ellas la pronunció esta semana Francisco Rosa, coordinador de la Diversidad Sexual del Partido del Trabajo en Quintana Roo: la calificación al trabajo legislativo en favor de la comunidad LGBTQ+ es de cero. No de cinco, no de tres. ¡Cero!
Y lo más incómodo es que resulta difícil rebatirlo, porque en Quintana Roo la diversidad sexual suele aparecer cada junio en discursos, fotografías, pronunciamientos institucionales y mensajes de redes sociales adornados con los colores del arcoíris… Los partidos se toman la foto, las dependencias iluminan edificios y los políticos descubren de pronto que existen las personas LGBTQ+…
Pero termina el Mes del Orgullo y todo vuelve a la normalidad: la discriminación permanece, los discursos de odio siguen circulando con absoluta impunidad y las políticas públicas continúan siendo una promesa pendiente.
La comunidad LGBTQ+ ha sido convertida, en muchos casos, en un rentable accesorio político.
Sirve para la propaganda, para la inclusión de ocasión y para presumir modernidad; pero rara vez sirve para construir leyes, programas de atención o mecanismos efectivos de protección.
Y ahí está la verdadera contradicción porque Quintana Roo alberga una de las poblaciones de diversidad sexual más importantes del país y decenas de miles de personas se identifican como parte de esta comunidad; son ciudadanos, contribuyentes, trabajadores, empresarios, estudiantes y votantes.
Sin embargo, la distancia entre la representación simbólica y los resultados concretos sigue siendo enorme.
Y es que el propio coordinador petista admitió algo todavía más preocupante: existen representantes de la diversidad sexual en distintos espacios políticos y gubernamentales, pero el trabajo tangible ha sido prácticamente inexistente; Es decir, hay cargos, nombramientos, coordinaciones, pero no hay resultados…
La política mexicana tiene una extraordinaria capacidad para inventar estructuras que parecen soluciones y que, en realidad, sólo sirven para administrar la simulación.
Se crean comisiones, coordinaciones, secretarías, discursos…Y al final, las personas siguen enfrentando exactamente los mismos problemas.
¿De qué sirve tener representación si ésta no se traduce en derechos, protección y políticas públicas?, porque la inclusión no se mide por el número de fotografías durante la marcha del orgullo, sino por la capacidad del Estado para garantizar igualdad de condiciones.
Y en ese terreno Quintana Roo sigue teniendo enormes pendientes, ya que resulta particularmente grave que todavía existan casos de discriminación en establecimientos, dificultades en procesos de identidad de género y una ausencia de mecanismos efectivos para combatir los discursos de odio que incluso pueden derivar en graves afectaciones emocionales y psicológicas.
Más preocupante aún es que la respuesta institucional parezca avanzar con la velocidad de una tortuga burocrática: Todos dicen estar a favor de la inclusión, todos se declaran aliados y todos hablan de respeto;
pero cuando llega la hora de legislar, asignar recursos o construir políticas públicas permanentes, el entusiasmo suele desaparecer.
La diversidad sexual no necesita padrinos políticos de temporada ni discursos prefabricados, ni que la conviertan en un nicho de mercado o en un segmento electoral al que se visita cada vez que hay campañas.
Necesita gobiernos que entiendan algo elemental: la igualdad de derechos no es un favor, es una obligación constitucional.
Y es que cuando la propia representación política de la diversidad sexual califica con cero el trabajo realizado, el problema ya no es de percepción, es de realidad.
Porque la peor forma de discriminación no siempre es el insulto abierto… A veces se manifiesta de manera más elegante y políticamente correcta: aparentando inclusión mientras se administra la indiferencia.
