Por Luis Mis

Ahora resulta que las autoridades “descubrieron” que en la terminal de ADO, en pleno corazón de Cancún, dos personajes apodados “Anillo” y “La Comadre” cobraban derecho de piso a taxistas. Doscientos pesos diarios por cabeza. Veintiséis operadores. Prisión preventiva. Operativo coordinado. Foto oficial. Boletín triunfal.
Y aplausos… desde el escritorio.

Pero hay un pequeño detalle que no cabe en el comunicado: esto no empezó ayer. Ni la semana pasada. Ni el mes pasado.

La extorsión en sitios de taxi es un secreto a voces en la zona hotelera, en Plaza Las Américas, en Cancún Mall y en otros puntos donde el turismo se mezcla con la necesidad. Y no estamos hablando de un par de billetes bajo la mesa; hablamos de un sistema que exprime a trabajadores que salen a las cinco de la mañana a buscar el sustento para más de 20 mil familias que dependen de este oficio.

El fiscal Raciel López Salazar anuncia la detención como si se tratara de una hazaña detectivesca digna de serie de streaming. Pero en la calle, los operadores lo leen distinto: “Actúan cuando ya se acercan los tiempos electorales y ya no pueden seguir volteando la cara”.

Porque aquí no sólo hay dos presuntos delincuentes detenidos. Aquí hay una autoridad que durante demasiado tiempo se hizo la que no sabía. Y eso, en política y en derecho, no es un detalle menor: o hubo ineptitud o hubo omisión. Y para el caso, es exactamente lo mismo.

No se puede ser cómplice de una autoridad que presume sorpresa ante lo que es una práctica cotidiana. No se puede normalizar que el Estado llegue tarde y encima se felicite por ello. La complicidad no siempre se firma; a veces se ejerce mirando hacia otro lado.

Si durante meses o años 26 operadores pagaban cuota diaria en un punto tan visible como la terminal de ADO, no estamos ante una falla aislada. Estamos ante un ecosistema de impunidad que sólo se rompe cuando el escándalo amenaza con salpicar políticamente.

Y ahí está la lectura que incomoda: en un estado donde la imagen turística es prioridad estratégica, la seguridad suele administrarse con lógica de marketing.

Se actúa cuando el problema trasciende al discurso oficial, cuando el ruido puede afectar la narrativa de orden y progreso. Mientras tanto, el miedo opera en silencio.

Cancún es vitrina internacional. Pero detrás de la postal, la economía informal, el transporte y los servicios viven bajo presiones que todos conocen y pocos denuncian.

¿Por qué? Porque denunciar implica arriesgar el ingreso diario. Porque el mensaje implícito ha sido claro: “denuncia y te va peor”.

Sin embaego ahora sí hubo operativo. Ahora sí hubo coordinación. Ahora sí hubo juez de control y prisión preventiva.

Pero los taxistas no viven de los “ahora sí”. Viven del día a día. Y saben que la extorsión no es una anécdota; es una estructura que se recicla si no se desmantelan las redes que la toleran.

Más de 20 mil familias dependen de este noble trabajo. Ellas no necesitan boletines; necesitan garantías.

Necesitan que la autoridad deje de administrar crisis y empiece a prevenirlas. Necesitan que se investigue no sólo a quienes cobraban la cuota, sino a quienes permitieron que la cuota existiera.

Porque en política, tan grave es el que extorsiona como el que permite que la extorsión prospere bajo su jurisdicción.

Lo grave es que el miedo lleva demasiado tiempo cobrando puntual… y la autoridad apenas hoy dice que se dio cuenta.