Por Luis Mis
En esta tierra bendita donde el discurso ambiental suele servir para la foto con fondo verde y la tala con fondo gris, resulta casi sospechoso que alguien se tome en serio la palabra “regulación”. Y sí, hablo de Óscar Rébora Aguilera, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, que en lugar de andar sembrando arbolitos para Instagram, decidió hacer algo más incómodo: capacitar a los sectores que más impacto tienen sobre el territorio.
Según el comunicado oficial, en Playa del Carmen se impartió un curso integral sobre fuentes fijas y fortalecimiento en la famosa Cédula de Desempeño Ambiental. Traducido al español caribeño: se sentó a industriales, hoteleros, constructores, consultores y academia a estudiar la norma. A estudiar, sí. Esa palabra que en política suele provocar alergia.
Más de 95 personas durante tres días revisando software, planes de manejo, responsabilidad extendida del productor y trámites de impacto y riesgo ambiental. Es decir, metiéndose al pantano técnico donde realmente se define si el desarrollo es sustentable… o puro maquillaje verde.
Porque aquí entre nos, en Quintana Roo el problema no es que falten leyes. Lo que sobran son discursos y lo que escasea es la capacidad —o la voluntad— de aplicarlas. Y ahí es donde Rébora está jugando una partida política interesante: profesionalizar para después exigir. Capacitar para luego sancionar. Ordenar la casa antes de pasar lista.
Esto no es menor. En un estado donde el turismo es la gallina de los huevos de oro —y también de los huevos contaminados si nadie la vigila— sentar al sector hotelero y constructor a homologar criterios regulatorios es mandar un mensaje claro: el crecimiento no puede seguir divorciado del cumplimiento ambiental.
Y aquí viene la lectura política fina, esa que no cabe en los boletines: cuando un gobierno decide fortalecer capacidades técnicas, está construyendo gobernabilidad. Porque ya no se trata sólo de prometer sustentabilidad, sino de generar condiciones para que nadie pueda alegar ignorancia cuando llegue la inspección.
¿Que suena técnico? Claro. Pero en política lo técnico es poder. El que domina la norma domina el terreno. Y si la SEMA logra que industriales, hoteleros y grandes generadores de residuos hablen el mismo idioma regulatorio, el margen para la simulación se reduce.
Y eso, en esta selva donde la palabra “impacto” a veces solo se refiere al impacto mediático, es casi revolucionario.
Este gato maya —que ha visto más desarrollos “sustentables” acabar en drenajes clandestinos que en premios ambientales— reconoce cuando hay una jugada estratégica. Capacitar no da aplausos inmediatos. No corta listones. No genera selfies multitudinarias. Pero sí genera algo mucho más peligroso para los irresponsables: evidencia.
Porque después de este curso, ya nadie podrá decir “no sabía cómo llenar la Cédula de Desempeño Ambiental”. Ya no habrá excusa para planes de manejo improvisados ni para trámites de impacto ambiental hechos al vapor.
Y ahí está el fondo político del asunto: cuando el Estado se fortalece técnicamente, el margen para la discrecionalidad se estrecha. Y eso incomoda a muchos.
Rébora, con esta agenda de profesionalización, no sólo está hablando de medio ambiente; está enviando un mensaje a los sectores productivos: el desarrollo sí, pero con reglas claras y con capacidad institucional para hacerlas valer.
En un Quintana Roo donde el cemento corre más rápido que el análisis y donde el crecimiento suele ir dos pasos adelante de la regulación, que la autoridad decida ponerse al día no es menor. Es, de hecho, una declaración de intenciones.
Y en tiempos donde la política tropical prefiere la espuma al fondo, que alguien apueste por la norma, el software y el cumplimiento… resulta casi subversivo.
Cuidado. Porque cuando la capacitación se convierte en cultura institucional, el “así se ha hecho siempre” empieza a perder terreno.
Y eso, queridos lectores, sí que mueve fibras en esta jungla llamada poder.🐾
