Por Luis Mis
Resulta que después de que el Ejército abatiera a Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el país amaneció ayer con bloqueos, incendios y el clásico recordatorio de que el crimen organizado no se retira en silencio.
Y mientras el país debate seguridad, fuego y poder, en Cancún Quintana Roo el Poder Judicial de la federación decidió aportar su granito de arena… declarando ayer mismo como día inhábil, pero laborable en modalidad remota.
Una obra maestra del surrealismo administrativo.
No corren términos.
Pero sí corre el internet.
No avanzan juicios.
Pero sí avanza la firma electrónica.
El acuerdo — firmado electrónicamente por Gloria Luz Reyes Rojo y Marcial Laguna Cardona — invoca la siempre elegante figura de la “fuerza mayor”.
Esta frase comodín que sirve lo mismo para un huracán que para un susto mediático. Todo cabe en la bolsa conceptual cuando lo que se necesita es bajar la cortina sin decir que se baja la cortina.
Y aquí la pregunta incómoda, la que nadie quiere formular en voz alta:
¿Cancún estaba sitiado?
¿Había amenaza directa contra los juzgados?¿O simplemente el reflejo institucional fue el de cubrirse antes de que algo —quizá— pudiera pasar?
Porque el mensaje político es delicado. Muy delicado.
Cuando el Estado presume firmeza frente al crimen organizado, pero una institución local opta por congelar plazos “por prevención”, la señal que se envía no es de prudencia… es de fragilidad.
El Ejecutivo actúa.
Las fuerzas armadas operan.
Y el Judicial… pausa.
No se trata de negar riesgos. Se trata de coherencia republicana. La justicia no puede funcionar como interruptor emocional que se apaga cuando el clima político se nubla. Porque entonces el verdadero poder no lo tiene la ley… lo tiene el miedo.
Y en Cancún, donde la inversión, el turismo y la estabilidad dependen también de la certeza jurídica, este tipo de decisiones no son menores. Cada suspensión administrativa alimenta la narrativa de que la institucionalidad es de cristal.
El ciudadano que espera una sentencia laboral no puede declararse “remoto” frente a su deuda.
El empresario que litiga un contrato no puede decirle al banco que sus intereses están en modalidad virtual.
El trabajador despedido no puede congelar la angustia mientras “no corren términos”.
Pero el Poder Judicial de la federación sí puede congelar el reloj.
Y eso, más que protección, huele a cálculo político defensivo.
Porque en el fondo el mensaje que queda flotando es este: ante la posibilidad de turbulencia nacional, mejor invisibilizarse un día que sostener la normalidad con carácter.
En una democracia madura, la justicia es ancla, no termómetro del pánico.
Es estabilidad, no reflejo nervioso.
Es poder institucional, no oficina que se repliega.
Si cada sacudida externa justifica un repliegue interno, entonces la pregunta ya no es jurídica… es política:
¿Quién gobierna realmente el ritmo de nuestras instituciones?
¿La ley o la expectativa de caos?
En este país el crimen provoca reacción inmediata.
La justicia, en cambio, emite acuerdos.
Y mientras uno se mueve con violencia y el otro con comunicados, el ciudadano queda en medio, esperando que algún día lo “hábil” sea la voluntad de impartir justicia sin titubeos.
Porque la ley podrá declararse inhábil.
Pero la percepción de debilidad institucional… esa sí trabaja tiempo completo.🐾
