Por Luis Mis

En Quintana Roo ya no basta con saberse la Constitución, ahora parece que también hay que saber desenfundar. Porque el caso del juez de control penal José Luis Jonathan Yong Mendoza no es una anécdota aislada: es una tragicomedia institucional con tintes de farsa caribeña.

Resulta que, en vísperas de Noche Buena —cuando uno espera villancicos y no sirenas— vecinos del residencial Palmaris de Cancún presenciaron una escena digna de Netflix, pero financiada con recursos públicos: un juez, armado, presuntamente golpeando y amenazando a su pareja, intimidando a un ex policía municipal y sembrando pánico como si estuviera patrullando un territorio enemigo… no impartiendo justicia.

Y aquí viene lo bueno —porque siempre hay un “mejor”—: ese mismo personaje aspiró, compitió y ganó una elección judicial.

Sí, ganó.
Con votos.
Con aval.
Con bendición política.

Las organizaciones feministas, como 50+1 Quintana Roo y el colectivo Xtabay, hicieron lo que el Estado debió hacer desde el minuto uno: exigir su destitución inmediata, protección para la víctima y una investigación seria. Porque, dicen ellas —y con razón—, un agresor no puede ser juez, ni siquiera uno “electo”.

Pero el Gato Maya rasca más hondo.
Porque Jonathan Yong no llegó ahí por accidente, ni por error de dedo. Llegó porque alguien lo postuló, alguien lo defendió y alguien decidió que su historial era “perdonable”, “administrable” o “negociable”.

Investigaciones por lavado de dinero, señalamientos de nexos criminales, un pasado turbulento en Seguridad Pública durante el gobierno de Remberto Estrada… pero eso sí: currículum político bien sellado.

¿Y quién lo arropó?
El Partido Verde, ese partido ecológico que recicla perfiles como si fueran botellas PET.
¿Y quién lo incluyó en la lista ganadora?
El Poder Ejecutivo, porque en Quintana Roo hasta los jueces llegan por cuota.

Ahora todos se sorprenden.
Ahora todos piden investigación.
Ahora todos hablan de la reforma 3 de 3.

Pero cuando se prendieron las alertas…
cuando se alzaron las cejas…
cuando se publicaron los antecedentes…
ahí sí, silencio judicial.

Porque en este estado la justicia no siempre es ciega:
a veces guiña el ojo,
a veces voltea para otro lado,
y a veces se pone la toga encima del expediente.

El Tribunal de Disciplina Judicial puede —y debe— actuar de oficio. No necesita denuncia, ni permiso, ni café cargado. Necesita voluntad. La pregunta es si la tendrá… o si también pedirá amparo moral.

Mientras tanto, el mensaje es demoledor:
en Quintana Roo, algunos llegan al poder no para respetar la ley, sino para probar hasta dónde estira.

Y ojo:
la ciudadanía observa,
las mujeres no olvidan,
y el Gato Maya ya tomó nota.

Porque una cosa es impartir justicia…
y otra muy distinta es andar armado de impunidad creyendo que la ley es un accesorio opcional.

Aquí no fue exceso de fuerza: fue exceso de protección política.