¡EN PLAYA DEL CARMEN, NI CORRUPCIÓN NI ABUSOS DE PODER!
Por El Gato Maya
En política, hay momentos en los que las palabras sobran y los hechos hablan por sí solos y cuando la justicia toca a las puertas del poder municipal, el mensaje debe ser contundente: ningún cargo público es patente de corso para intimidar, extorsionar o pisotear los derechos de la ciudadanía.
Ante los acontecimientos relacionados con la detención del alcalde de Puerto Aventuras, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, salió a fijar postura con un mensaje que tiene fondo político y una lectura que va más allá de la coyuntura: en su gobierno, advirtió, nadie está por encima de la ley.
En una sociedad donde comerciantes, trabajadores y familias pueden sentirse vulnerables frente a quienes ejercen el poder, garantizar que las instituciones están para servir y no para someter representa una obligación elemental de cualquier gobierno que se precie de ser democrático.
Estefanía Mercado puso sobre la mesa tres compromisos: mantener la administración municipal funcionando con normalidad, proteger a la ciudadanía ante cualquier afectación y respaldar el trabajo de las instituciones responsables de procurar justicia, sin anticipar culpabilidades y respetando el debido proceso.
Pero el mensaje más significativo fue dirigido a quienes durante mucho tiempo han tenido miedo de denunciar.
La alcaldesa les aseguró que no están solos y que su gobierno tiene la responsabilidad de escuchar, proteger sus derechos y acompañarlos por las vías institucionales.
Y es que ahí está el verdadero desafío político: que la legalidad no se quede en un discurso, sino que se traduzca en resultados, protección ciudadana y cero tolerancia a la corrupción, las amenazas y la extorsión.
Porque una cosa es pronunciarse contra los abusos y otra, muy distinta, es garantizar que ningún ciudadano tenga que bajar la cabeza ante un funcionario, que ningún comerciante trabaje bajo presión y que ningún trabajador tema represalias por exigir respeto a sus derechos.
La postura de Mercado también envía una señal hacia el interior de la administración pública: el servicio público exige responsabilidad, transparencia y apego a la ley.
Quien recibe la confianza ciudadana para gobernar debe entender que el cargo es una responsabilidad temporal, no una licencia para actuar a capricho.
Eso sí, la justicia debe seguir su curso, por lo que corresponde a las autoridades competentes investigar, presentar las pruebas y determinar las responsabilidades que procedan.
La firmeza institucional no está peleada con la presunción de inocencia; al contrario, el Estado de derecho se demuestra cuando la ley se aplica sin privilegios, pero también sin atropellos.
Como diría este viejo Gato Maya, el poder no se hizo para espantar al pueblo, sino para servirle; no para llenar de miedo las calles, sino para garantizar tranquilidad y si alguien se equivoca y utiliza el cargo para abusar de la gente, tendrá que responder ante la ley.
Porque la confianza ciudadana no se gana solamente con declaraciones contundentes, sino con gobiernos que escuchan, actúan y ponen límites a quienes confunden autoridad con impunidad.
Al final, la política se mide por sus resultados y la autoridad se legitima con sus acciones. En una democracia, los cargos tienen fecha de inicio y de término; la obligación de respetar la ley, en cambio, es permanente.
Publicación compartida por: Luis Mis.
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