Más de 200 mil millones de pesos en inversión gestionada colocan a Quintana Roo ante uno de los mayores procesos de transformación de infraestructura de su historia reciente.
El dato, presentado en el Cuarto Informe de Gobierno de Mara Lezama, incluye recursos estatales y federales destinados a vivienda, salud, educación, movilidad, ciencia, infraestructura y desarrollo social.
La cifra es relevante, pero debe analizarse con precisión: no todo ese recurso corresponde al Gobierno de Quintana Roo; una parte importante proviene de proyectos federales como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y diversas obras carreteras y aeroportuarias.
El mérito estatal está, en buena medida, en la gestión y coordinación para atraer y ejecutar esos recursos.
En vivienda, el programa Vivienda para el Bienestar contempla 76 mil 200 acciones sexenales, con más de 55 mil actualmente en proceso. También destacan subsidios, regularización de predios, títulos de propiedad y cancelaciones de hipotecas.
En salud, cinco proyectos hospitalarios representan una inversión superior a 5 mil 500 millones de pesos, con ampliaciones y nuevas unidades en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Cancún. La expansión es significativa después de años de rezago, aunque el verdadero desafío será garantizar médicos, especialistas, medicamentos y operación eficiente.
En educación, sobresalen los 648.4 millones de pesos destinados a 207 domos escolares, además de nuevos planteles, apoyos escolares y la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a Playa del Carmen.
La ciencia y la tecnología también aparecen en la estrategia, con mayor inversión estatal, nuevos laboratorios STEM y recursos para los planetarios de Chetumal y Cancún.
En movilidad destacan obras como el Distribuidor Vial Kukulcán y la modernización de la carretera Cancún-Isla Blanca, además de la infraestructura vinculada con proyectos federales.
El balance, por tanto, presenta una combinación de inversión histórica, coordinación entre gobiernos y atención de rezagos acumulados; pero también plantea una obligación: demostrar que los recursos no se quedan en anuncios, cifras o inauguraciones.
Una vivienda digna, un hospital que funcione, una escuela adecuada, mejores vialidades y mayores oportunidades educativas serán los resultados que finalmente determinarán si esta inversión representa un cambio estructural.
Y como diría este viejo Gato Maya, 200 mil millones de pesos pueden caber perfectamente en un informe; el verdadero reto es que sus resultados también quepan en la vida cotidiana de la gente.
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