En Playa del Carmen, regularizar un terreno no es simplemente poner documentos en orden. Para miles de familias, significa algo mucho más profundo: convertir años de esfuerzo, incertidumbre y espera en un patrimonio con certeza jurídica.
Por eso, la coordinación que ha establecido la presidenta municipal Estefanía Mercado con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) merece ser observada desde una perspectiva que vaya más allá del boletín político: la regularización de la tierra puede convertirse en una de las acciones de mayor impacto social cuando se hace con orden, transparencia y directamente en territorio.
La reunión con el representante regional del INSUS, Julio Ortegón, plantea precisamente una ruta de trabajo para identificar las zonas que cumplen con las condiciones necesarias y, posteriormente, determinar qué familias pueden acceder al beneficio.
Y aquí está uno de los puntos más importantes: no se trata de regularizar a ciegas ni de repartir documentos como si fueran volantes.
El proceso contempla censos, recorridos y contacto directo con los vecinos para identificar quiénes realmente habitan los terrenos. Ese trabajo territorial resulta fundamental para evitar que una política diseñada para brindar justicia termine beneficiando a quienes no corresponden.
Porque en materia de patrimonio, el orden también es justicia.
La postura de Estefanía Mercado apunta a que la administración municipal acompañe a las familias durante el proceso y coordine esfuerzos con el INSUS, el Gobierno de Quintana Roo y el Gobierno de México. La clave estará ahora en que esa coordinación se traduzca en resultados concretos, trámites claros y certeza para quienes llevan años esperando.
La regularización tampoco debe entenderse únicamente como un asunto de escrituras. Es seguridad patrimonial, acceso a servicios, tranquilidad familiar y la posibilidad de construir un futuro sobre bases legales.
Una familia que tiene certeza sobre su terreno tiene algo más que un documento: tiene la posibilidad de heredar, construir, mejorar su vivienda y planear su futuro sin vivir permanentemente bajo la sombra de la incertidumbre.
Ahí está el verdadero sentido social de esta política.
El reto, por supuesto, será mantener el proceso alejado de intereses particulares, intermediarios y cualquier intento de convertir una necesidad legítima en mercancía política. Si el objetivo es que los beneficios lleguen a quienes realmente habitan y necesitan regularizar sus terrenos, los censos, criterios y procedimientos deberán mantenerse con absoluta claridad.
Porque la tierra no se regulariza con discursos, sino con territorio, coordinación, reglas claras y resultados.
Estefanía Mercado ha colocado sobre la mesa una agenda que puede tener un impacto profundo en Playa del Carmen. Ahora corresponde que la coordinación con el INSUS avance de manera efectiva y que las familias puedan ver cómo la promesa de certeza jurídica comienza a convertirse en realidad.
Al final, gobernar también significa eso: darle certeza a quien durante años sólo ha tenido incertidumbre.
Y si la regularización llega a quienes realmente construyeron ahí su hogar, entonces sí habrá una transformación que no necesita propaganda para sentirse: la que convierte un terreno en patrimonio y una espera de años en justicia social.
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