Por Luis Mis
En Quintana Roo ya no sabemos si vivimos en un estado turístico o en el tráiler extendido de Narcos: Caribe Edition. Porque mientras el fiscal Raciel López Salazar presume —con voz solemne y PowerPoint invisible— “golpes directos” a las estructuras criminales, en la calle el ciudadano sigue esquivando más balas que baches… y eso ya es decir mucho.
Según el balance oficial, 2025 ha sido un año de éxitos rotundos: capturas de “objetivos prioritarios”, desarticulación de células, armas largas, armas cortas, armas medianas, armas para foto y armas para boletín. AK-47, AR-15, M4, cuernos de chivo… solo faltó que aseguraran una bazuca para completar el álbum Panini del crimen organizado.
El fiscal nos dice que en Tulum cayó un grupo responsable del 80 por ciento de la violencia. O sea, según la matemática oficial, el otro 20 por ciento debe ser cortesía del Espíritu Santo. Porque Tulum sigue igual: turismo de lujo de día y balazos all inclusive de noche.
En Playa del Carmen la cosa no se queda atrás: CJNG, Familia Michoacana, reclutadoras profesionales, sicarios importados de varios estados… aquello parece feria del crimen organizado, pero con registro civil, porque todos tienen alias, edad, procedencia y ficha técnica lista para el comunicado.
Pero aquí viene el detalle verdaderamente lamentable, el que no sale en las conferencias ni en los aplausos oficiales:
Muchos de esos “objetivos prioritarios” salen libres a los pocos días.
No porque sean inocentes.
No porque el delito no sea grave.
Sino por la razón más vergonzosa del sistema: carpetas de investigación mal integradas.
Errores de forma, omisiones legales, prisas, negligencia… o extrañas coincidencias. Y así, lo que en la mañana fue “golpe contundente al crimen”, por la noche ya es “libertad por fallas en el debido proceso”.
Un espectáculo digno de circo institucional:
la policía detiene,
la fiscalía presume,
el juez observa…
y el delincuente sale caminando, a veces hasta sonriendo.
Y entonces surge la pregunta que rasca como pulga incómoda:
¿De qué sirve capturar criminales si la propia Fiscalía les abre la puerta legalmente?
Porque el fiscal presume capturas, pero no presume sentencias firmes.
Presume armas, pero no presume expedientes sólidos.
Presume coordinación, pero no presume procesos bien hechos.
Mucho show mediático, poco sustento jurídico.
Eso sí, el discurso está bien aceitado: “objetivo prioritario”, “alto impacto”, “debilitamiento significativo”, “trabajo interinstitucional”. Palabras grandes para una realidad pequeña: la gente sigue pagando derecho de piso, cerrando negocios temprano y mirando con desconfianza al retrovisor.
Detenciones aquí, detenciones allá. Pero el fondo sigue intacto: la violencia en Quintana Roo no se siente combatida, se siente administrada… y jurídicamente mal manejada.
Estos balances no son informes de seguridad, son ejercicios de control narrativo. Sirven para la foto, no para la paz. Para la estadística, no para la justicia.
Rumbo al 2027, la seguridad será moneda electoral. Pero si el fiscal cree que con listas de detenidos —que entran por la mañana y salen por la tarde— va a comprar credibilidad social, alguien debería decírselo con claridad felina:
La impunidad no siempre se fuga… a veces se redacta mal.
Y como diría el Gato Maya: en Quintana Roo no queremos más cuernos de chivo en la mesa de prensa.
Queremos menos errores en las carpetas.
Menos boletín… y más justicia.
Porque mientras eso no ocurra, por más “objetivos prioritarios” que caigan, el verdadero objetivo —la seguridad del ciudadano— seguirá prófugo.
Y es que este Gato Maya no se traga el ratón… aunque venga con expediente mal armado y sello oficial. 🐾
