Por Luis Mis

En Quintana Roo la justicia no es ciega…
es miope, lenta y necesita empujones.

Porque no fue la iluminación divina, ni el repentino amor por la ética judicial lo que movió al Poder Judicial a actuar contra el juez Jonathan Yong Mendoza. No. Fue el ruido. El escándalo. Los videos. Las colectivas feministas. La opinión pública afilando uñas. Y, sobre todo, el miedo a quedar peor de lo que ya estaban.

Después de días de presión social, comunicados de colectivas, indignación vecinal y una Navidad más violenta que piñata mal colgada, el Poder Judicial anunció —muy serio, muy institucional— que ya inició una investigación administrativacontra el juez señalado por presunta violencia contra una mujer.

¡Aleluya!
El sistema despertó.
Tarde, pero despertó.

La denuncia, dicen, llegó de manera “anónima” el 26 de diciembre. Qué curioso: anónima… pero viral. Anónima… pero con videos. Anónima… pero con más pruebas que muchos expedientes judiciales que duermen en cajones.

Y claro, ante la presión, no quedó de otra que pedir la joya de la corona:
suspensión temporal del juez.
No por convicción.
Por contención.

Porque cuando los colectivos feministas hablan, cuando la sociedad pregunta cómo un juez puede andar con arma y presuntas conductas violentas, cuando la frase “3 de 3” empieza a retumbar, entonces sí… el Poder Judicial recuerda que la conducta debe ser “intachable”.

Eso sí, el comunicado es impecable:
— ética
— legalidad
— profesionalismo
— responsabilidad permanente

Palabras grandes.
Acciones tardías.

Porque el mismo juez hoy investigado fue impulsado, postulado y cobijado políticamente. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. Nadie preguntó nada. Hasta que la calle habló más fuerte que los pasillos.

Y ahora, para salvar la credibilidad, el sistema hace lo único que sabe hacer bien: administrar el daño.

Suspensión cautelar.
Investigación “a fondo”.
Transparencia prometida.
Tiempos legales invocados.
Todo muy correcto.
Todo muy reactivo.

La pregunta no es si el juez será investigado.
La pregunta es:
¿cuántos más necesitan escándalo para ser revisados?
¿cuántas violencias se toleran hasta que hay video?¿cuántas togas y cargos se sostienen hasta que la presión social los vuelve incómodos?

Porque si no fuera por las activistas, por las colectivas, por los vecinos y por las redes, hoy seguiríamos hablando de “presunción de honorabilidad”.

Pero no.
Esta vez el ruido ganó.

Y es que al parecer en Quintana Roo la justicia no se mueve por principios…
se mueve cuando la empujan.

Y como diría el Gato Maya:
cuando un juez termina investigado por violencia, el problema no es solo el juez…
es todo el sistema que lo sentó en la silla.