Por Luis Mis

Lo ocurrido en Isla Mujeres con los mototaxistas no es un hecho aislado ni menor. Una policía municipal que, lejos de garantizar el orden y proteger a la ciudadanía, recurre a la violencia física —incluso golpeando con la pistola a manifestantes— representa la degradación más peligrosa del poder público: el uso de la fuerza como herramienta de intimidación y represión.

Los mototaxistas, alzando la voz contra supuestas cuotas que se les pretendían imponer, ejercieron un derecho legítimo: el de la protesta. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue brutal. Una uniformada, bajo la administración de Atenea Gómez Ricalde, optó por los golpes en lugar del diálogo. El mensaje es claro y preocupante: en Isla Mujeres, disentir se paga con sangre y miedo.

En cualquier democracia funcional, la manifestación pacífica debe ser atendida con escucha y negociación. Aquí, en cambio, se eligió la violencia como mecanismo de control político. ¿Es así como se gobierna un municipio turístico que presume modernidad y progreso? ¿Con amenazas y represión a los trabajadores que sostienen la economía local?

Lo sucedido refleja no sólo un abuso de autoridad, sino también la permisividad de un gobierno que convierte a la policía en brazo ejecutor de intereses ocultos. Si Atenea Gómez Ricalde justifica o minimiza estos hechos, será cómplice de un atropello que hiere los principios más básicos de la justicia y el respeto a los derechos humanos.

En Isla Mujeres, el caso de los mototaxistas es más que un incidente: es una advertencia de que el poder local está dispuesto a golpear antes que escuchar. Y en esa lógica autoritaria, los ciudadanos quedan reducidos a súbditos, cuando deberían ser los verdaderos soberanos de la vida pública.

Por ello, este episodio no debe quedar en el silencio ni en la impunidad. La ciudadanía de Isla Mujeres tiene el deber de alzar la voz y exigir cuentas, y los organismos defensores de derechos humanos deben intervenir de inmediato. Permitir que este abuso quede sin castigo sería abrir la puerta a un municipio gobernado por el miedo. La represión nunca será el camino: callar ante ella es condenarnos a normalizar la violencia como forma de gobierno.