Cancún entre la política y el crimen: el caso Ana Paty Peralta

Cuando un medio nacional como El Financiero publica, como ocurrió ayer, que la alcaldesa de Cancún, Ana Paty Peralta, tiene vínculos con el grupo delictivo La Barredora, no se trata de un rumor ni de una especulación ligera. Estamos frente a una acusación que desnuda la fragilidad de nuestras instituciones y la corrupción que, desde hace años, corroe la política local.

Porque seamos claros: Cancún no es ajeno al crimen organizado. Aquí, donde la industria turística convive con el desempleo y la marginación, los grupos delictivos han tejido redes que van desde las calles hasta las oficinas de gobierno. El problema es que cada vez se vuelve más difícil distinguir dónde termina la política y dónde empieza el crimen.

Por esto Doña Ana Paty tiene la obligación de aclarar con pruebas, no con discursos huecos, que su administración no está al servicio de intereses oscuros. No basta con desmentir: debe transparentar, rendir cuentas y abrir la información, porque si algo no puede permitirse es gobernar en medio de sospechas tan graves.

Y es que el señalamiento de El Financiero es un espejo de lo que se vive en Cancún: autoridades que se proclaman humanistas y cercanas al pueblo, mientras los ciudadanos seguimos atrapados entre balaceras, cobros de piso y asesinatos a plena luz del día. La columna “sobremesa” no inventa el hartazgo social, sólo lo refleja con un nombre propio.

Por esto, si la alcaldesa Doña Ana Paty, aparece vinculada a un grupo criminal, y si el gobierno estatal o federal guardan silencio o intentan minimizar el hecho, entonces estamos reconociendo que Cancún está gobernado por una doble autoridad: la oficial, que administra discursos, y la real, que controla territorios.

Aquí no caben medias tintas. Si la información de El Financiero que firma Lourdes Mendoza es falsa, debe probarse y sancionarse como corresponde. Pero si es cierta, el costo político no debería limitarse al descrédito: tendría que significar la renuncia inmediata y el inicio de un proceso judicial.

Lo que está en juego no es sólo el futuro político de la alcaldesa verde-morenista, sino también la confianza en un proyecto que prometió erradicar la corrupción. Porque si permitimos que la política y el crimen se conviertan en cómplices, entonces la verdadera pregunta deja de ser quién gobierna Cancún y pasa a ser quién manda de verdad

En última instancia, no se trata de Ana Paty Peralta únicamente. Se trata de Cancún, de sus ciudadanos y de un futuro que no puede seguir hipotecado a los pactos de silencio ni a los hilos invisibles que mueven a la política local.