En un estado donde la modernidad turística suele opacar a la raíz cultural, la reciente certificación de nueve jueces tradicionales en el municipio de Lázaro Cárdenas representa mucho más que un acto protocolario: es un acto de reivindicación social.
El presidente municipal, Nivardo Mena, acompañado del Tribunal Unitario de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado, entregó reconocimientos a quienes, a partir de ahora, tendrán la facultad de atender denuncias de bajo impacto directamente en sus comunidades. Pero lo significativo no está únicamente en la entrega de documentos, sino en lo que esta figura simboliza: la justicia acercándose a la gente en su lengua y en su territorio.
Durante décadas, las comunidades mayas debieron conformarse con que delegados o comisariados ejidales fungieran como mediadores improvisados en conflictos locales. La burocracia judicial, centralizada en las cabeceras municipales, imponía un costo oneroso: trasladarse, gastar dinero y tiempo, y, muchas veces, enfrentar procesos en un idioma ajeno. En ese contexto, la certificación de jueces tradicionales no solo acerca la justicia: la humaniza y la contextualiza.
Por supuesto, estos jueces no atenderán delitos graves —que seguirán siendo competencia de la Fiscalía estatal—, pero en los conflictos cotidianos de la vida comunitaria su papel será fundamental. Más aún, porque lo harán en maya, reconociendo que la lengua no es un obstáculo sino un derecho cultural.
Destaca también que entre los jueces certificados se encuentra Diledi García Robledo, la primera mujer en ocupar este cargo a nivel estatal. Un hecho que, además de histórico, envía un mensaje potente: la justicia comunitaria no puede seguir siendo un espacio exclusivo de hombres.
La pregunta que queda en el aire es si el Estado acompañará este esfuerzo con recursos, capacitación y respeto a la autonomía comunitaria, o si se limitará a la foto de la entrega de reconocimientos. Porque el reconocimiento real no está en un papel, sino en garantizar que las comunidades vivan con dignidad, certeza jurídica y respeto a su identidad cultural.
En Lázaro Cárdenas, la justicia empieza a hablar maya. Que no se quede solo en un discurso, sino que se convierta en una práctica viva, cotidiana y transformadora.
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