La madrugada de este lunes, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo eligió por unanimidad a Heyden José Cebada Rivas como Magistrado Presidente por otros cuatro años. La unanimidad, que en teoría debería ser un signo de confianza, aquí suena más a complacencia. Un proceso interno sin debate, sin competencia real y con el sello de la “unidad” que suele ser sinónimo de acuerdos políticos bajo la mesa.
Los magistrados recién designados recibieron periodos de hasta 14 años en el cargo. Catorce años. Es decir, más tiempo que el que tarda una generación en llegar a la mayoría de edad. ¿Qué clase de renovación puede haber en un Poder Judicial atado a nombres y cargos que se prolongan por décadas? Más que garantizar estabilidad, este esquema perpetúa la inmovilidad y blinda a un grupo reducido de personajes frente al escrutinio ciudadano.
Para colmo, entre estos nombramientos se colaron personajes ignorantes, inexpertos y de dudosa calidad moral, que ahora tienen en sus manos la enorme responsabilidad de impartir justicia. ¿Cómo se puede hablar de fortalecimiento institucional cuando se designa a perfiles sin trayectoria sólida y con más vínculos políticos que méritos profesionales? Este tipo de decisiones no solo degradan la justicia, sino que ofenden a la sociedad que espera imparcialidad y preparación en quienes deben juzgarla.
Se nos presenta la integración de salas especializadas como una estrategia de modernización. Sin embargo, la experiencia reciente nos obliga a desconfiar: detrás de la burocracia de “salas civiles, mercantiles, familiares o penales” persisten los mismos problemas de siempre: rezago de expedientes, corrupción endémica y un acceso a la justicia lento, caro y, en muchos casos, inexistente para la ciudadanía común.
El discurso oficial asegura que la nueva conformación del Tribunal refrenda el compromiso con la legalidad y la institucionalidad. Pero la realidad es menos solemne: la justicia en Quintana Roo sigue estando más cerca de los intereses políticos y económicos que de los ciudadanos. Lo que aquí presenciamos es una clara muestra de gatoparrismo: se cambia la fachada, se acomoda el tablero, pero en el fondo nada cambia.
Lo más grave es que parece que creen su propio teatro. Se engañan entre ellos mismos, convencidos de que la ciudadanía aplaude estas decisiones. Pero el pueblo no está conforme. La gente en Quintana Roo sabe que la justicia no se imparte con solemnidades ni discursos, sino con resultados, y esos siguen siendo los grandes ausentes.
Hoy, lo que se anuncia como renovación no es más que continuidad maquillada. La justicia en el estado necesita independencia, apertura y jueces con verdadera vocación de servicio. Mientras eso no ocurra, cualquier reforma o elección interna seguirá siendo un acto de simulación que solo perpetúa la desconfianza ciudadana.
Porque al final, todo esto huele a lo de siempre: puro gatopardo con toga y birrete. Cambian nombres, suben perfiles mediocres y hasta personajes sin oficio ni moral a la silla de juez, y luego pretenden llamarle “renovación”. Pero aquí abajo ya nadie les cree. Allá en Chetumal celebran su unanimidad; acá en la calle la unanimidad es otra: la gente está harta de su justicia que no hace justicia.
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