La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha dejado de ser una institución de justicia para convertirse en instrumento de persecución política y ajuste de cuentas, al servicio de intereses oscuros que pretenden reconfigurar el poder sindical a base de amenazas, montajes judiciales y fabricación de culpables.
Así lo denunció Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la CTM en la entidad, quien dirigió una carta urgente y desesperada a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en la que rompe el silencio y revela un intento claro de silenciarlo mediante una orden de aprehensión armada con mentiras, pruebas falsas y ocultamiento deliberado de información.
Acusado del delito de homicidio calificado como «inductor», Santamaría advierte que no existe autor material, ni móvil, ni elementos serios de prueba, salvo una narrativa construida por quienes —desde dentro de la Fiscalía— pretenden ejecutar una venganza política para descabezar a la CTM y entregarle el control sindical en bandeja de plata a la CATEM, organización vinculada con operadores del poder en turno.
«Se trata de un procedimiento penal seguido a mis espaldas, cuyas pruebas fueron construidas y prefabricadas para incriminarme», sentencia el líder cetemista.
La denuncia no es un caso aislado ni menor: es la prueba más clara de cómo el poder en Quintana Roo ha comenzado a usar las instituciones judiciales para destruir adversarios, criminalizar voces incómodas y repartir cuotas de poder entre organizaciones afines al régimen.
Según expone, su equipo legal promovió el juicio de amparo 725/2025 ante el Juzgado Octavo de Distrito, logrando una suspensión provisional para acceder a la carpeta de investigación. Sin embargo, la Fiscalía —actuando con absoluta opacidad— se ha negado a entregar la información, escudándose en una absurda “secrecía” que viola de forma flagrante el derecho a la defensa y confirma el uso faccioso del proceso penal.
Exige freno a un abuso extremo del poder
Santamaría exige, no solicita:
La intervención inmediata de la Secretaría de Gobernación.
El cese de la persecución política disfrazada de justicia.
Acceso a la carpeta para ejercer su defensa.
La posibilidad de enfrentar el proceso en libertad, como marca la ley.
Lo que está en juego no es solo la libertad de un dirigente sindical, sino el respeto mínimo al Estado de derecho en Quintana Roo.
Si la Fiscalía puede fabricar culpables y negar el acceso a los expedientes, entonces ya no vivimos bajo un sistema de leyes, sino bajo un sistema de consigna, donde quien estorba al poder es eliminado, y donde las instituciones se arrodillan ante intereses políticos disfrazados de justicia.
Este caso pone al descubierto la putrefacción institucional que comienza a extenderse en el estado, y debe ser atendido con urgencia por el gobierno federal antes de que la persecución se convierta en costumbre, y la represión, en política de Estado.
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