En Campeche, se vivió ayer una página sombría para la libertad de expresión y el periodismo independiente. La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada dictaminó vincular a proceso al veterano periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna, y ordenó el cierre del medio digital por dos años, además de prohibirle ejercer su profesión —un acto que atenta contra los artículos 6° y 7° de la Constitución y contra derechos humanos básicos.
Censura disfrazada de justicia
La acusación: supuesta «incitación al odio y la violencia» contra la gobernadora Layda Sansores San Román. Pero, ¿qué evidencia real sustenta una sanción tan extrema? Durante más de 12 horas de audiencia —donde la defensa demostró que González Valdez se jubiló en 2017 y sin funciones en el portal digital— la juez ignoró esos datos clave y sostuvo que él «ordenó la publicación» de los insultos supuestamente dirigidos contra la mandataria.
Este procedimiento exhibe un sesgo peligroso: cuando un gobierno se siente atacado, no combate con argumentos, sino que promueve la represión. Cerrar un medio digital, retirar el derecho al ejercicio del periodismo y criminalizar la crítica es un avance autoritario encubierto.
Represión institucional confirmada
Este fallo no ocurre en el vacío. El diario digital Tribuna, cuyo impreso ya había desaparecido en febrero, seguirá silenciado durante dos años. Y no solo se ataca al periodista: también se vincula a proceso a Isidro Yerbes, representante de la empresa editora Organización Editorial del Sureste, una señal ominosa contra el periodismo crítico.
Activistas ya califican esta decisión como un golpe directo a las voces independientes del sureste. No es sorpresa que se hable de un futuro ominoso para los pocos medios que se atreven a cuestionar el poder.
Violencia institucional disfrazada de legalidad
Apenas en abril, el periodista fue detenido por la policía por defender a un motociclista. Fue sometido con violencia y retenido por 36 horas en los separos de la Fiscalía Estatal. Aunado a esto, se le condenó a pagar dos millones de pesos por un presunto daño moral al director estatal de Comunicación Social. Todo ello mientras la gobernadora, presentando la demanda como ciudadana, utilizó abogados de la Consejería Jurídica del Estado —un claro uso indebido de recursos públicos.
Es evidente: no se trata de justicia, sino de venganza política disfrazada de procedimientos judiciales.
La libertad de expresión en jaque
El periodismo crítico es esencial para la democracia. Cuando una figura pública recurre a procesos penales para acallar la crítica y cerrar medios, no está protegiendo su reputación: está consolidando un régimen de miedo y autocensura.
Aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión, estos hechos demuestran que en la práctica, este derecho está siendo cercenado impunemente bajo el pretexto de combatir “discurso de odio”.
Conclusión: no se puede callar al informador
El fallo de ayer no es solo una afrenta a González Valdez; es una alerta para todos los que ejercen el periodismo con valentía y compromiso con la verdad. Declarar “Non grato” al periodismo libre no sirve a la gobernabilidad, sino que la debilita. Si permitimos que cualquier gobernadora, escudada en la ley, silencie medios incómodos, entonces realmente hemos enterrado la democracia.
Es momento de exigir a las autoridades federales, tribunales y organismos internacionales que revisen este caso, defiendan el derecho a informar y garanticen que ningún periodista sea censurado por hablar con libertad.
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