En la historia reciente del Congreso de Quintana Roo pocos episodios han indignado tanto a la ciudadanía como el atropello cometido por el hoy diputado federal Humberto Aldana, quien —en un acto de prepotencia disfrazado de “progreso”— ordenó el retiro de la estatua de don Andrés Quintana Roo y del asta bandera de la plazoleta del Poder Legislativo para levantar, a capricho personal, una supuesta “cafetería” que después rebautizó como “comedor laboral”. La ciudadanía, a través de voces firmes como la de la presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal, Georgina Marzuca Fuentes, ha dicho lo que muchos pensamos: Aldana debe ser declarado persona non grata en el Congreso del Estado.
Desprecio por la historia, burla al pueblo
La gravedad de este hecho no radica únicamente en la desaparición física de un monumento, sino en lo que simboliza: el desprecio por la identidad, la historia y la memoria colectiva del pueblo chetumaleño. ¿Quién se cree este diputado para borrar de un plumazo el legado del prócer que da nombre a nuestro estado? ¿Bajo qué lógica se justifica sacrificar un espacio cívico para levantar un espacio privado bajo una administración cuestionable? El retiro de la estatua y del asta no fue solo un error político: fue un acto de arrogancia y burla a la ciudadanía.
Un capricho millonario con dinero del pueblo
La opacidad con la que se manejaron los recursos para esta obra es otro motivo de alarma. Primero se habló de 5 millones, luego de 8, después de 15 y hasta de 18 millones de pesos. ¿En qué se usaron? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Quién autorizó esas cifras? La ciudadanía merece respuestas claras y contundentes. No se trata de sospechas infundadas, sino de una exigencia legítima de transparencia en el uso de recursos públicos. Lo mínimo que debe hacer Aldana es rendirse a la verdad y explicar cada peso invertido en ese capricho sin sentido.
La lucha ciudadana: firme, digna y ejemplar
Resulta admirable la tenacidad de las 22 organizaciones civiles que interpusieron amparos y lucharon legalmente para frenar esta arbitrariedad. Su constancia logró una suspensión definitiva y, gracias a esa presión social, se logró que el Congreso, ahora bajo la dirección de Jorge Sanén González, comenzara a rectificar el daño devolviendo la estatua y el asta a su lugar original. Sin embargo, la restitución simbólica no basta. Debe haber una sanción moral y política: Aldana no merece jamás volver a pisar ese recinto con credibilidad.
¿Qué sigue? Justicia y dignidad
La historia no debe ser rehén del poder ni de la vanidad de ningún funcionario. El Congreso del Estado tiene en sus manos la oportunidad de enviar un mensaje claro: en Quintana Roo no se toleran los abusos contra el patrimonio cultural. Declarar a Aldana como persona non grata no es un gesto político; es una defensa moral del alma de nuestra capital.
Los pueblos que permiten que se pisotee su historia, terminan perdiéndose a sí mismos. Hoy Chetumal ha demostrado que no olvida, que no se deja, que exige. Y Aldana, más que diputado federal, pasará a la historia como el político que intentó borrar la memoria de un pueblo… y no pudo.
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