Libertad de expresión bajo amenaza: cuando el poder le teme a la verdad

En México, ser periodista se ha convertido en un acto de valentía, casi temerario. Ya no basta con la pluma afilada ni la cámara encendida: hoy se necesita también chaleco antibalas, conciencia despierta y un pie siempre listo para la huida. Dos hechos recientes en Quintana Roo lo confirman: el poder le teme a la verdad, y por eso agrede, amenaza y busca callar a quienes aún se atreven a nombrarla.

El pasado domingo 1 de junio, mientras se celebraba una elección judicial cuestionada por su baja participación y dudoso carácter democrático, la periodista Graciela Machuca Martínez fue agredida y amenazada por individuos identificados como “Siervos de la Nación” en Felipe Carrillo Puerto. ¿Su “delito”? Hacer su trabajo: documentar, tomar fotografías, preguntar. Ejercer, en plena jornada electoral, el derecho constitucional a informar.

Machuca, veterana de mil batallas, con una trayectoria importante en medios, fue rodeada, intimidada y señalada como “infiltrada” por no portar un gafete. Peor aún: se intentó llamar a la policía para detenerla. Pero ¿dónde estaba esa misma policía? Recorriendo comunidades para acarrear votantes, en plena violación de la ley electoral. Tragicómico, si no fuera por lo grave.

Ese mismo fin de semana, el periodista Alfonso Lara, director del portal Informativo Puerto Aventuras, fue secuestrado, golpeado brutalmente y amenazado de muerte. ¿Por qué? Por ejercer la crítica contra el alcalde Gilberto Gómez y su sobrino, Jorge Montalvo Gómez, quienes —según los propios agresores— ordenaron el ataque como “escarmiento” por sus publicaciones incómodas.

No estamos ante incidentes aislados. Estamos ante una estrategia de terror silencioso. En un país donde se simula democracia y se utiliza la retórica de “el pueblo manda”, lo que verdaderamente manda es el miedo. Miedo del poder a ser exhibido. Miedo a que las mentiras se derrumben frente a una verdad escrita con tinta incómoda.

Hoy, en vísperas del Día de la libertad de expresión, Quintana Roo está en cuidados intensivos. Agresiones, amenazas, uso del aparato público para intimidar y el silencio cómplice de autoridades que deberían proteger a quienes informan. Mientras se presume una “justicia elegida por el pueblo”, se normaliza que funcionarios manden golpear y callar a quien piensa distinto.

Y que no nos engañen: esto no es un exceso de celos partidistas, ni un malentendido electoral. Es una política de intimidación, una advertencia cruel para quienes ejercemos el periodismo libre. Porque si logran callar a Machuca y silenciar a Lara, ¿quién será el siguiente? ¿Y quién tendrá el valor de contar la historia?

La libertad de expresión no es un favor del Estado. Es un derecho ganado con sangre, sudor y memoria. No permitamos que la regresen a la oscuridad de los sótanos autoritarios. Ni con amenazas, ni con tableadas, ni con uniformes guinda disfrazados de democracia.

Porque cuando callan a un periodista, no sólo se apaga una voz: se apaga una parte del país que aún se atreve a pensar.